Una denuncia al más alto nivel elevó la Defensoría del Pueblo por infracciones de las FARC  al Derecho Internacional Humanitario durante su visita del jueves 18 de febrero al corregimiento Conejo del municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira.

Tras ser advertido el lunes anterior sobre la ocupación de un colegio de la mencionada localidad por miembros de ese grupo armado ilegal, el organismo de control para los derechos humanos en Colombia adelantó labores de verificación en terreno, que complementadas con el material fílmico aportado por uno de los medios de comunicación presentes durante y después del evento de proselitismo realizado por los negociadores de la guerrilla, permitieron constatar que en efecto esas normas fueron transgredidas.

A partir de estas verificaciones, la Defensoría del Pueblo pudo comprobar que dentro y fuera del establecimiento educativo hubo personas fuertemente armadas, las cuales acompañaban a los delegados, que encabezados por Iván Márquez instruyeron a la población civil y distribuyeron propaganda política alusiva a su visión sobre el proceso de paz.

La Defensoría concluyó que tal como sucedió con la tarima dispuesta en el parque principal de la población, las instalaciones académicas que albergan a cerca de 300 estudiantes fueron prestadas a personas que realizaron la solicitud con el pretexto de llevar a cabo un evento cultural. Sin embargo, para la Entidad es claro que allí hubo presencia armada de las Farc, que guerrilleros portando fusiles de asalto y abundante munición recorrieron los espacios habitualmente ocupados por niños y niñas, además de la presencia de varios de los negociadores de esa organización en La Habana.

Tal como está contemplado en el artículo 13, correspondiente al título 4 del Protocolo II de Ginebra que rige los conflictos armados no internacionales, se confiere especial protección a la población civil en el marco del principio de distinción, el cual implica respetar los bienes de carácter civil y las personas no involucradas en el conflicto. A esta norma se suma la Resolución 1612 expedida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de julio de 2005, la cual “condena enérgicamente el reclutamiento y la utilización de niños soldados por las partes en conflicto…(sic)…y la ocupación de escuelas, hospitales y bienes civiles como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que a partir del engaño al que fueron sometidas las directivas y profesores del plantel educativo fueron suspendidas las actividades escolares el día del evento, para la Defensoría del Pueblo estas circunstancias constituyen una clara infracción a las normas internacionales de los derechos humanos y una violación a los derechos superiores de niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de especial protección constitucional.

En consecuencia, la Defensoría ha informado y denunciado estos hechos ante el Jefe de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, y ante el saliente Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado para que las acciones de los actores en conflicto respondan a la voluntad de paz expresada en el marco de las negociaciones.